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Aprobados al cuerpo de profesores sin plaza lamentan que en Canarias se les penalice

El colectivo de opositores al cuerpo de profesores que aprobaron el último proceso selectivo en Canarias, han lamentado hoy que la Comunidad Autónoma sea la única del Estado en donde se penaliza a quienes superan un proceso de oposición tan duro y se les relegue al final de las listas de empleo.

En un comunicado, este colectivo afirma que se ha reunido con el director General de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Rafael Bailón, a quien le han expuesto una comparativa con el resto de territorios.

 

Agrega que en otras comunidades se premia el esfuerzo y las aptitudes demostradas en los procesos selectivos menos en Canarias, en donde, "si no se buscan alternativas, se está relegando y excluyendo a quienes han obtenido muchas de las mejores notas en las últimas oposiciones”, han señalado.

 

Los opositores sin plaza señalan que el director general de personal se ha comprometido a buscar, junto a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, fórmulas que hagan posible que se tenga en cuenta el mérito y la capacidad demostrados por los aprobados para “integrarlos conforme a las necesidades docentes que el propio sistema educativo canario demuestra”.

 

El compromiso de la consejería es trasladar en la primera quincena de septiembre una propuesta que trate de enmendar la injusticia y “los efectos perversos”, como lo han definido fuentes de la propia Consejería, que generaría la no reordenación de las listas en educación conforme a la capacidad y méritos demostrados por los docentes, señalan .

 

Además de con los representantes del Ejecutivo, el colectivo de opositores aprobados ha iniciado ronda de contactos con todos los grupos políticos representados en el Parlamento de Canarias, ya que recuerda la nota, que este órgano legislativo donde se decidió, añadiéndola como disposición transitoria a la Ley de Presupuestos, la no reordenación de la lista de empleo conforme al último proceso selectivo.

 

El colectivo considera que se trata de una medida injusta "tachada por todos los juristas que hemos consultado como inconstitucional y contraria a la legislación general respecto al acceso a la administración pública", pero que además perjudica seriamente a la calidad del sistema educativo de las islas al no considerarse el mérito y la capacidad como principales fundamentos de la valoración de los docentes”.

 

Pero además, añaden, “se trata de una decisión política, que puede y debe ser corregida también políticamente, más allá de lo que terminen dictaminando los tribunales de justicia”.

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